Hoy se cumplen 26 días del “bloqueo nacional” y muchos seguimos preguntándonos quién nombró o a quién representan los del comité del paro.
Lo cierto es que estos “señores” no fueron elegidos por nadie. Y, de hecho, muchos de los manifestantes que están en las calles aseguran que no los representan. El gobierno está negociando con quienes se arrogan un poder no otorgado, y que hoy ni siquiera se puede asegurar que tienen control de la situación. Desafortunadamente, el ejecutivo, con la poca gobernabilidad que le queda, no tiene otra salida que sentarse con ellos.
Cada vez que hacen una declaración se le ven las orejas al burro, quedando claro que su interés real son las elecciones del 2022; poco o nada les importa que la economía se vaya pique, que miles de personas estén perdiendo su trabajo, que el campesino esté perdiendo sus cosechas, o que los niños no estén recibiendo clases.
Se quejan descaradamente del establecimiento y de la clase política, como si ellos fueran ajenos a esto. Sería bueno que fueran transparentes y le contaran al país los vínculos políticos que muchos de ellos tienen. De los 20 miembros que asistieron a la reunión en Palacio, 10 tienen vínculos políticos claros con el Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro; con el Partido Dignidad, dirigido por el precandidato presidencial Jorge Robledo y con el Partido Verde. Cabe recordar que Jorge García, presidente de la Organización Camionera, fue candidato al senado en 2014 por este último.
Por otro lado, los sindicatos tienen la mayoría en el comité, y estos no están libres de responsabilidad de los problemas estructurales del país.
En Colombia, los servidores públicos tienen derecho de asociación sindical, pero es evidente que en varias entidades han permitido que muchos de sus miembros utilicen el legítimo derecho de asociación para tener permisos sindicales permanentes, recibir una remuneración sin trabajar, proteger personas que no trabajan o corruptas; y vincular a sus familiares y amigos. He sido testigo de cómo se resisten al cambio de las instituciones por que no quieren perder sus privilegios y prefieren quedarse trabajando hasta la edad de retiro forzoso a pesar de tener derecho a la pensión, en vez de darle la oportunidad a los jóvenes de trabajar.
Fecode, por ejemplo, tiene una gran responsabilidad en la mediocridad de la educación del país, junto con los gobiernos que tampoco han hecho lo que toca. Recordemos que para levantar el paro de maestros del 2015 al gobierno le tocó cambiar el proceso de evaluación, que consistía en una prueba escrita de competencias, donde muchos se rajaban, a una que no sirve para nada, en la cual el docente se graba en clase y envía la mejor para ser evaluada. Adicionalmente, el estatuto los protege excesivamente, haciendo casi imposible el retiro de un mal maestro.
Si quieren que cambie el país, los sindicatos también deben cambiar, modernizarse y democratizarse. Por cierto, ¿quién los está financiando?
Por: Cristina Plazas
