Un riguroso informe que documenta en detalle las graves violaciones y afectaciones a los Derechos Humanos en el desarrollo del Paro Nacional, tanto por parte de algunos violentos manifestantes, como de la Fuerza Pública, fue entregado por parte de la alcaldesa mayor, Claudia López, a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Riveros. “Reconozco expresa y públicamente la labor valiente, necesaria y oportuna que los defensores y defensoras de DD.HH y de los jóvenes hacen en nuestra ciudad.
La Alcaldía Mayor reconoce y aprecia esa labor, y haré todo lo que esté a mi alcance para que se proteja y se garantice. La protesta ciudadana no es un problema de orden público, es un derecho que debemos reconocer”, indicó la Alcaldesa Mayor, antes de mostrar las cifras que contiene el informe.
Violaciones a los DD.HH por parte de la Fuerza Pública
El documento señala que se han registrado 775 actividades de protesta, de las cuales 238 han sido marchas, 78 bloqueos y 459 concentraciones en lugares públicos, que han contado con la participación de 240.000 personas.
Aunque la Alcaldesa Mayor reconoció públicamente los esfuerzos que ha hecho la Policía para ceñirse a los protocolos, también resaltó algunos hechos que deben ser investigados. “Puedo dar fe que algunos miembros del ESMAD, han abusado de la fuerza, detenido arbitrariamente a jóvenes, no los han trasladado a URI, si no a estaciones de Policía, o no han seguido los protocolos que la ley prevé”, sostuvo.
En particular se refirió al aterrizaje de un helicóptero para hacer reabastecimiento logístico y de munición, en el Portal Américas y en el Colegio Claretiano de Bosa. “Eso viola abiertamente los protocolos de DD.HH, y en buena medida, esa abierta violación a los protocolos, ha exacerbado las tensiones en Bosa y en el Portal Américas”, expresó la Alcaldesa Mayor, quien aseguró que en estos dos puntos, así como en el Portal de la calle 80, cerca al Portal de Suba, y en la Plaza de Bolívar, se ha registrado el 72% de las denuncias por estos excesos y abusos.
Recordó que los ciudadanos más afectados han sido los jóvenes, pues 33 de ellos han sufrido lesiones faciales o oculares. “La Secretaría de Salud ha tomado la decisión de garantizar el total tratamiento médico que ellos necesiten, lo que sea necesario hacer, para salvaguardar su rostro, para que ninguna pierda la visión”, indicó. También señaló que en el Portal Américas, se detuvo arbitrariamente a un joven que estaba grabando lo que ocurría desde un puente peatonal. “Lo agredieron, lo golpearon, lo hirieron. Esto genera animadversión y desconfianza”, expresó la Alcaldesa Mayor.
Igualmente señaló que se tiene registro de 600 acciones de abuso de la fuerza contra algún ciudadano (golpiza, retención u hostigamiento); y se encuentran bajo investigación dos muertes: la de Dylan Barbosa, quien habría chocado su moto contra una tanqueta del ESMAD; y la de Daniel Alejandro Zapata, quien fue golpeado con un objeto contundente y sufrió un trauma cráneo encefálico severo. No obstante, la alcaldesa Claudia López confirmó que en las 161 intervenciones del ESMAD durante las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 23 de mayo, se ha establecido “día por día y localidad por localidad, cómo se hicieron y quién dirigía los operativos. Todo está documentado, y puedo afirmar con toda certeza que no ha habido una sola intervención que no haya tenido una causal justificada en la ley”.
Intento de homicidio contra policías
Sin embargo las violaciones a los DD.HH también han sido ejecutadas por parte de agresores que han infiltrado las manifestaciones pacíficas. De hecho 380 policías han resultado heridos, de ellos, 17 muy graves, frente a los 361 civiles heridos, de los cuales cinco se encuentran en delicado estado de salud. “Aquí ha habido 15 intentos de homicidio de policías, 14 de ellos fueron víctimas en el CAI de La Aurora. Se entraron (los uniformados) al CAI para no tener ningún tipo de confrontación, y unos ciudadanos lo apedrearon, lo rompen pese a que es blindado, les tiraron bombas incendiarias a los policías, y los vieron quemarse, los grabaron y lo celebraron, y no les dieron ninguna opción de salida”, recordó.
Igualmente se refirió al intento de homicidio en contra de Christian Calderón, el joven patrullero de 22 años, quien se encuentra recluido en el Hospital Simón Bolívar, y a quien visitó en las últimas horas. “Es un muchacho humilde como muchos de los mismos manifestantes, solo que es miembro del ESMAD. No estaba cometiendo ningún acto arbitrario, y le lanzaron una bomba molotov a su rostro. Él está hoy en cuidado intensivos, por cumplir su labor en medio de una aglomeración, se contagió de COVID-19, ahora tiene la cara destrozada, y una profunda afectación física y emocional”, narró con indignación la Alcaldesa Mayor. En total, hasta el pasado 23 de mayo, 14 CAI habían sido incendiados; 26 fueron vandalizados, se estima que hubo 6.657 daños a la infraestructura de la ciudad, y las pérdidas podrían alcanzar los 28.500 millones de pesos.
“Esto es un ejemplo para el país”: Juliette de Riveros
La representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juliette de Riveros, recibió este informe y se solidarizó con todas las personas y familias “que han perdido a un ser querido en Colombia, los que han sido heridos, o lo que están sufriendo las consecuencias de la violencia”.
Así mismo, felicitó a la Alcaldía Mayor y a la Secretaría de Gobierno por entregar este valioso documento. “Saludo el ejemplo que están dando con este informe, es muy importante que las autoridades reconozcan los errores que hay en estas movilizaciones. Ese es el primer paso para dar soluciones. Esto es un ejemplo para el país”, señaló. De igual forma aplaudió los esfuerzos de la Alcaldía Mayor y su enfoque social de escuchar a los jóvenes y excusarse ante ellos, eso es bastante conmovedor. Esto es un ejemplo y por eso los felicitamos por eso”.
Indicó que le están haciendo seguimiento a casos de presuntos casos de violencia sexual, retenciones, ataques a periodistas, y otro tipo de situaciones que se han registrado en el país, así como al uso de armas letales por parte de particulares para atacar la protesta. “La violencia y el uso excesivo de la fuerza, genera pérdidas, dolor, muerte, confusión y también desesperanza, y vulnera los Derechos Humanos”, sostuvo.
En desarrollo de estas declaraciones, también se presentó al ex defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien hará las veces de relator frente a los violentos hechos que ocurrieron en septiembre de 2020, que dejaron más de 350 heridos, 75 con arma de fuego, así como 10 homicidios; y ejercerá la misma labor frente a lo que siga ocurriendo en las actuales protestas y manifestaciones.
